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El alcalde Federico Gutiérrez radicó una solicitud ante la Corte Constitucional en la que pide suspender el decreto de “emergencia económica”
• Con esta acción pide que se declare inconstitucional dicho decreto y que se suspendan sus efectos.
• Invitó a otros sectores para que se adhieran a esta solicitud.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, radicó este martes ante la Corte Constitucional la solicitud de una medida cautelar de urgencia que suspenda de manera inmediata los efectos del decreto de emergencia económica y, por ende, del decreto de reforma tributaria del Gobierno Nacional, que se estableció
sin pasar por el Congreso.
“Como Alcalde y ciudadano, siempre he confiado en las instituciones y seguiré confiando. Confiamos en que las instituciones preservarán la democracia y que mantendrán, justamente, el orden legal en Colombia. Nadie está por encima del orden legal, mucho menos el presidente”, dijo el mandatario distrital.
Así mismo, extendió un llamado a académicos, ciudadanos, empresarios, alcaldes, gobernadores, asociaciones y gremios para que ejerzan su derecho y deber de participación ciudadana en defensa de la integridad de la Constitución Política y se adhieran a la solicitud.
“Tenemos elementos suficientes y detallados en este documento de 48 páginas, consideramos que es abiertamente ilegal e inconstitucional. Pedimos que, en los próximos días, ojalá muy rápido, esa medida cautelar se haga efectiva. Es muy grave tener un presidente que se quiere imponer sin respetar la separación de poderes. Esto pone a prueba la democracia y las instituciones”, añadió Gutiérrez.
La emergencia económica se decretó bajo una supuesta crisis, que toma como argumentos el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional relacionado con la
Unidad de Pago por Capitación (UPC) de salud, obligación que está pendiente desde hace tres años. Al respecto, la Alcaldía de Medellín interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Otro de los fundamentos es la garantía de seguridad por alteraciones en el orden público, que no es acorde con los beneficios que desde la presidencia se otorgan a los grupos criminales.
A estas motivaciones se suman los desastres naturales causados por la ola invernal y el pago de sentencias judiciales, las cuales no ameritan una emergencia económica, dado que no son imprevisibles.
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